El Estado mexicano y la ONU-DH celebran acuerdo de actividades

De: -Hugo OrtegaEXPRESIONES DE OAXACA· 23 DE FEBRERO DE 2017

Ciudad de México, 22 de febrero de 2017.- El día de hoy, en el Salón José María Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se celebró la firma del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre la continuidad de sus actividades en México. La firma del acuerdo estuvo a cargo del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y del Representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab.

Para la ONU-DH la firma del acuerdo es una manifestación de la apertura del Estado mexicano al escrutinio internacional y una expresión de voluntad del Gobierno para superar los serios desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

En un mensaje video grabado que se transmitió en la ceremonia de firma del Acuerdo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, resaltó el apoyo de México en la promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional, expresó su confianza en que la firma del acuerdo contribuirá a la realización de los derechos humanos de las personas, alentó a la implementación de las 14 recomendaciones que le formuló al Estado mexicano el año pasado y manifestó su preocupación por el entorno mundial que afecta a los derechos de las personas migrantes.

Por su parte, el Sr. Jan Jarab, indicó que para lograr sus objetivos, la ONU-DH seguirá desplegando sus actividades en México a través de la asistencia y cooperación técnicas, la documentación y monitoreo de casos de violaciones de derechos humanos, el desarrollo e implementación de políticas públicas, la elaboración de indicadores y la difusión y promoción de los derechos humanos.

Previo a la firma del acuerdo, el Sr. Jan Jarab resaltó que la ONU-DH continuará trabajando estrechamente con las autoridades del Estado mexicano, los organismos públicos de derechos humanos, las organizaciones civiles de derechos humanos y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, la ONU-DH saludó y agradeció la disposición del Gobierno mexicano, particularmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la firma del acuerdo y refrendó su compromiso de continuar trabajando con un espíritu constructivo, profesional e independiente en favor de la realización de los derechos humanos de las personas en el país.

RECOMENDACIONES A MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, SR. ZEID RA’AD AL HUSSEIN, RESULTADO DE SU VISITA OFICIAL AL PAÍS EN OCTUBRE DE 2015

Fecha de elaboración: Marzo de 2016 Fecha de publicación: Octubre 2016

1. Consejo Asesor: Establecer un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos.

2. Debida investigación de graves violaciones a los derechos humanos: Fortalecer los esfuerzos para asegurar que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas adecuadamente por una oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República. Esta Oficina debería estar dirigida por un/a reconocido/a experto/a en materia de derechos humanos y el combate a la impunidad, y contribuir con las unidades especializadas ya existentes y procuradores dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. Esta Oficina deberá tener recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para llevar a cabo sus tareas de manera profesional y efectiva.

3. Código de Justicia Militar: Si bien se da la bienvenida a las reformas de 2011 y 2014 para limitar la jurisdicción militar, se recomienda reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares. Las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando.

4. Seguridad pública en línea con los derechos humanos: Complementar los esfuerzos ya iniciados por el Gobierno para promover un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública con mayores medidas para asegurar que las políticas de seguridad pública y las instituciones que las ejecutan cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar una efectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

5. Uso de la fuerza: Adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación.

6. Instituciones forenses: Crear una institución nacional forense que sea autónoma e independiente con suficientes recursos, que pueda dar servicio a todos los órganos de 2 administración de justicia, incluyendo los tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales.

7. Registro de todas las detenciones: Complementar los esfuerzos existentes del Gobierno a fin de registrar a las personas privadas de su libertad, mediante la adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado, de todo tipo de detenciones y personas privadas de la libertad, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones.

8. Autonomía de diversos órganos: Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el profesionalismo e independencia de los órganos públicos locales y federales, incluyendo aquellos de administración y procuración de justicia e instituciones de derechos humanos, y la de las personas que los encabecen. Investigar a fondo cualquier acto de presión política y corrupción y separar a los servidores públicos de sus funciones en caso de ser encontrados culpables.

9. Ratificación de instrumentos internacionales:

a) Promover la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño; y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención;

b) Firmar y ratificar todoslos tratados Interamericanos de derechos humanos adoptados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que están pendientes de ratificación.

10. Mecanismo inter-institucional de alto nivel: Asegurar y monitorear la implementación, tanto a nivel local como nacional, de los estándares y recomendaciones internacionales y regionales de derechos humanos fortaleciendo los mecanismos inter-institucionales de alto nivel creados para este propósito y el sistema nacional de estadística en derechos humanos. Ambos deben incluir mecanismos adecuados de participación de la sociedad civil y los sujetos de derechos.

11. Pueblos indígenas: Garantizar que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada cuando se planeen o tomen medidas que afecten sus derechos, particularmente en el contexto de proyectos de desarrollo, de corporaciones nacionales y transnacionales, apegándose a los estándares internacionales de derechos humanos.

12. Políticas públicas en favor de las mujeres: Incorporar aún más la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas sobre mujeres, particularmente aquellas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, asegurando la asignación de recursos necesarios para su completa implementación. Al respecto, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) necesita ser fortalecido para proporcionar datos actualizados y ser una herramienta más accesible al público.

13. Metodología de indicadores de la ONU-DH: Todas las instituciones federales y locales, en particular los órganos autónomos, y el poder ejecutivo y judicial, deberán medir el impacto de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos mediante la plena 3 implementación de la metodología de indicadores de derechos humanos de la ONU-DH. Los procesos para el diseño de la política pública deberán basarse en información generada a través del sistema de indicadores y una política de transparencia debe ser implementada. Deben ser asignados los fondos necesarios para el diseño del sistema de datos.

14. Leyes generales sobre tortura y desaparición forzada: Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideraciones. Asegurar su efectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesarios.

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